martes, 31 de julio de 2012

SUBE: el fiscal imputó a Schiavi y a una decena de funcionarios


La Justicia avanza sobre la licitación para controlar el SUBE . El fiscal federal Ramiro González imputó ayer al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi , a una decena de funcionarios y a los empresarios que integraron el consorcio que se encargó de supervisar el boleto electrónico .



Luego de impulsar la causa, el fiscal pidió una decena de medidas de pruebas, según informaron fuentes judiciales. González requirió al Ministerio del Interior y Transporte que detalle el grado de ejecución del contrato, solicitó un informe a la AFIP sobre las empresas y ordenó las declaraciones testimoniales de Steve Beer y Marcela Ashley, dos empleados fantasma. También pidió información sobre cuentas bancarias, destinatarios y formas de pago del contrato de $ 65 millones.

La investigación judicial está a cargo del juez federal Julián Ercolini, que deberá decidir en los próximos días qué medidas de prueba ordena.

La causa, caratulada "negociaciones incompatibles con la función pública", había sido iniciada por el fiscal federal Carlos Stornelli, que realizó una denuncia de oficio y pidió que se citara a indagatoria a Schiavi como acusado de una presunta defraudación al Estado, por la contratación de una empresa "de dudosa existencia" para controlar el SUBE.

Según reveló LA NACION, la firma inglesa Global Infrastructure (GI), responsable del liderazgo técnico de la supervisión del boleto electrónico, no cuenta con oficinas en la Argentina ni en Gran Bretaña. En la fachada de su sede legal, en el pueblo británico de Bicester, funciona una peluquería.

En su única referencia pública al caso, Schiavi sostuvo que se trata de "estafa entre privados". "Es una prestación de nombre. El Estado en esto no tiene nada que ver, es una estafa entre privados de las mismas consultoras, que cobran del Banco Mundial", indicó, en referencia a los empleados fantasma. Pese a que sostienen que nunca trabajaron para el SUBE, Ashley y Beer suman sueldos por 650.000 dólares.

El contrato fue firmado en marzo de 2011, cuando Schiavi era secretario de Transporte -en ese entonces en la órbita del ministro Julio De Vido - y contó con financiamiento del Banco Mundial.

La Secretaría de Transporte ordenó la suspensión del contrato por 30 días y dejó en manos de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación la revisión de la documentación correspondiente al concurso. En la resolución, también se participó para esa tarea al Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), pese a que algunos de sus funcionarios son investigados por la Justicia por presuntos conflictos de intereses.

Pese a las declaraciones de Schiavi, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, aseguró que encontró "anomalías" en el control del SUBE.

Los integrantes del comité de evaluación de la Secretaría de Transporte también fueron imputados por el fiscal González. Ese tribunal recomendó contratar al consorcio compuesto por GI, Ingeniería en Relevamientos Viales SA, Iatasa y González Fischer y Asociados SA, pese a contar con una oferta $ 10 millones más económica. Se trata de los funcionarios Nora Turco, Gabriela Boaglio y Alberto Barrionuevo.

SOCIOS LOCALES

Stephen Chandler, ex jefe de la supervisión del SUBE, fue otro de los imputados. El consultor inglés es dueño de GI, la empresa británica que fue creada cuando la licitación ya había comenzado. Sus socios locales Horacio Blot, Guillermo Yampolsky, Pablo Vainberg, Carlos Verdi y Rubén Lamandia quedaron en la mira de la Justicia.

Jorge de Beláustegui, el único funcionario desplazado por el caso SUBE, también fue imputado. De Beláustegui era el máximo responsable de ejecutar el préstamo que el Banco Mundial le asignó a la Argentina para promover obras de transporte. Con esos fondos se financió la supervisión del boleto electrónico.

Su alejamiento se concretó el 19 de junio, luego de que LA NACION publicó una entrevista con Chandler. Allí, el consultor inglés lo acusó de haber gestionado la firma del contrato sin su aprobación y en su ausencia.

LA CONTROVERSIA

La empresa supervisora
Una peluquería
Global Infrastructure, la firma británica responsable del liderazgo técnico de la supervisión no cuenta con oficinas. En su sede legal, en Inglaterra, funciona una peluquería.
Los empleados
Fantasmas
Steve Beer y Marcela Ashley forman parte del contrato, pero aseguran que nunca trabajaron ni cobraron un centavo. El Gobierno reconoció que se trata de empleados fantasmas.
Decisión oficial
Suspensión del contrato
El Gobierno anunció el 19 de julio que suspende el contrato de 65 millones de pesos por "anomalías" en la licitación y en el servicio. La medida tendrá vigencia por 30 días.
Primera víctima
Un funcionario acorralado
Echan a Jorge de Beláustegui, máximo responsable dentro de la Secretaría de Transporte de ejecutar los préstamos del Gobierno con el Banco Mundial. Este funcionario fue el que firmó todos los documentos de la licitación.
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Fuente: La Nacion

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