Mientras la difusión de los correos electrónicos de Manuel Vázquez—el ex asesor de Ricardo Jaime—siguen aportando claros elementos de los negociados y las coimas que circularon en los últimos años del área de Transporte; una nueva maniobra detectada en el ámbito ferroviario ha vuelto a poner en la mira a uno de los principales funcionarios del sector.
El subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna se transformó en los últimos días en un nuevo “lobbista” de la compañía privada Ferrocentral que está bajo el control del grupo Emepa del empresario Gabriel Romero.
Sin guardar las formas que su cargo le exige, Luna salió literalmente a “apretar” a las autoridades de la provincia de Buenos Aires para que acepten como nuevo operador de los últimos trenes usados comprados a España a la empresa Ferrocentral.
La jugada de Luna no sólo resulta llamativa, sino que además se torna altamente sospechosa porque va en contra de lo que marca el sentido común y la lógica que existe en el actual funcionamiento del sistema ferroviario.
Si ningún motivo, ni justificación la Nación por intermedio de Luna busca dejar a un lado de la operación de los trenes importados a la empresa estatal bonaerense Ferrobaires que es la tiene a su cargo desde 1993 la corrida de los trenes a la costa y la concesión integral del ramal a Mar del Plata y Pinamar.
De acuerdo con los datos obtenidos por EL CAMBISTA INDISCRETO la jugada de Luna—que según él cuenta con el aval del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi—es contratar en forma directa a Ferrocentral para que se haga cargo de la operación de los trenes TALGO que fueron adquiridos a la empresa española RENFE.
El ingreso de Ferrocentral en la vía a Mar del Plata se haría por medio de un contrato de gerenciamiento que la Nación—a través de la empresa estatal SOFSE—firmaría con la operadora privada que actualmente maneja los trenes a Córdoba y Tucumán.
Dicho convenio sería similar a los que están vigentes con la UGOFE donde el Estado no sólo reconoce todos los costos operativos y salariales, sino que además le paga al operador privado un “honorario especial” por su tarea de operación de los trenes.
Lo insólito del caso es que Luna pretende que la provincia de Buenos Aires le facilite las corridas a Ferrocentral omitiendo la facturación de los peajes y los servicios complementarios que como responsable de la vía debe cobrar de acuerdo con las normas vigentes.
Esta suerte de “privatización encubierta y directa” que Luna quiere hacer para beneficiar a Ferrocentral implica una clara malversación de los fondos públicos porque el corredor a Mar del Plata tiene desde hace casi 20 años un operador como Ferrobaires que está legalmente reconocido y que podría operar los TALGO sin costo extra alguno para la Nación.
Otro dato llamativo que aparece en torno a esta insólita maniobra del Gobierno es que la encargada legal de contratar a Ferrocentral sería la SOFSE, la empresa estatal que está manejada por un representante del gremio de la Unión Ferroviaria (UF).
Se trata de Juan Rosauro Araya, uno de los principales colaboradores de José Pedraza y de Juan Carlos “Gallego” Fernández, los máximos directivos nacionales de la UF.
Fuente: Punta de Rieles
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