jueves, 26 de junio de 2008

Más piedras en el camino del tren de alta velocidad

El ambicioso proyecto del tren de alta velocidad (corredor Rosario-Córdoba-Buenos Aires) quedó virtualmente paralizado desde hace por lo menos tres meses.
Todo indica que el gobierno nacional no quiere salir a endeudarse en un marco de crisis ya que las tasas que tendría que pagar serían bastante más altas que tiempo atrás. Al detonante de la dilación habría que buscarlo en el conflicto entre la Casa Rosada y el campo. La tensión también repercutió en el mercado financiero argentino, por lo que la primera emisión de bonos por 430 millones de euros para financiar el proyecto se postergará hasta octubre próximo (estaba prevista para mayo). El costo financiero que paga el país por la emisión de los bonos aumentó significativamente: si bien al firmarse la resolución para construir el tren era del 9 por ciento, en la actualidad asciende al 14 por ciento. El inicio de las obras de la formación (también denominada Cobra) depende de la primera colocación de bonos a una entidad crediticia francesa, que girará los fondos al Banco Nación. En abril la presidenta Cristina Kirchner había encabezado la firma del contrato de adjudicación a la empresa gala Alstom. Paralelamente, la administración de Miguel Lifschitz encaró una negociación directa con la Nación y la compañía para definir la ubicación de la estación de pasajeros y la manera en que la formación ingresaría a la ciudad. En la Municipalidad imperó ayer la cautela frente a la paralización del emprendimiento. "Al margen de lo económico, la empresa tenía un año para elaborar los proyectos definitivos. Aunque en Rosario no hubo contacto alguno con las áreas técnicas que están trabajando al respecto", deslizaron desde el Palacio de los Leones. La polémica acompañó desde un principio al emprendimiento, que prevé una inversión de 3.600 millones de dólares y una estructura financiera con garantías del Estado. En medio de voces a favor y en contra, la inversión en juego fue blanco fijo de distintos referentes políticos. Al respecto, el senador nacional Gerardo Morales había presentado, en su papel de presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la licitación. El legislador calificó entonces de "irracional" a la iniciativa porque, a su entender, "el llamado a licitación original en 2006 fue por 2.400 millones de dólares, con financiamiento en mitades entre la concesionaria y el Estado".

No hay comentarios:

Publicar un comentario